La Generalitat Valenciana aprueba la regulación VTC

Uber y Cabify se precontratarán con al menos 15 minutos y no podrán usar geolocalizador

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La Generalitat Valenciana aprueba la regulación VTC

La Generalitat Valenciana aprueba la regulación VTC y obliga a contratar con 15 minutos de antelación

El Gobierno valenciano ha aprobado el Decreto Ley que regula el alquiler de vehículos con conductor (VTC), que contempla una contratación previa con al menos 15 minutos de antelación al servicio, y prohíbe tanto el uso de herramientas de geolocalización para captar clientes como estacionar en la calle.

La Generalitat Valenciana aprueba la regulación VTC

Según ha informado la consellera María José Salvador en la rueda de prensa tras el pleno de este viernes, deberá quedar constancia de la contratación de los servicios en un registro de comunicaciones, con excepción de los que se deban realizar de forma inmediata, como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera.

Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientela ni propiciar la captación de clientes que no hubiesen contratado previamente el servicio

La aprobación de esta regulación en Cataluña supuso que Uber y Cabify se fuesen de Barcelona, ya que no les interesaba cumplir la Ley.

Con la aprobación de este Decreto, la Comunitat Valenciana se convierte en la sexta autonomía en regular la prestación del servicio de VTC tras Aragón, País Vasco, Canarias, Baleares y Cataluña.

Blindado ante reclamaciones

Asimismo, recordó que la Abogacía de la Generalitat «apoya cada una de las medidas que se contempla» el Decreto, al ser preguntada sobre la posible interposición de demandas por parte del sector de las VTC, contestó:

«Es claro y no plantea que concurra ninguna de las casuísticas que pueden generar indemnización».

Aunque ha indicado que cualquier entidad, persona o asociación está «en su legítimo derecho» de acudir a los tribunales si así lo decide, ha insistido en que la Abogacía «dice que no concurren las causas para generar un derecho de indemnización».

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