El significado político de la estrategia antirreguladora de Uber

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El significado político de la estrategia antirreguladora de Uber

La estrategia antirreguladora de Uber

Los inversionistas de Uber siempre estuvieron enfocados en la necesidad de crear el poder de mercado artificial que le permitiría a la compañía maximizar el valor del dominio de la industria.

Esto significaba que Uber tenía que lograr un objetivo explícitamente político:

La eliminación completa de la supervisión gubernamental sobre el servicio de taxi.

Los taxis, como cualquier otra forma de transporte urbano, nunca han podido funcionar como una industria totalmente privada, respaldada por inversionistas y siempre han sido regulados.

Así mismo, los taxis son parte de la infraestructura de transporte de la ciudad, brindan servicio a áreas y en momentos del día donde el servicio de tránsito es deficiente o inexistente, y en casos limitados (por ejemplo, viajes al aeropuerto) que ofrecen una alternativa económica a los automóviles privados.

A diferencia de los bienes de consumo totalmente discrecionales, los bienes públicos como el transporte, la educación, la seguridad y la atención de salud crean importantes beneficios externos (acceso a empleos, mayores oportunidades de desarrollo) que los operadores privados no pueden recuperar, pero son fundamentales para la salud económica de una ciudad.

La regulación también fue diseñada para hacer frente a los problemas estructurales inherentes que afectan a la economía de los taxis descritos anteriormente.

Es imposible maximizar simultáneamente los beneficios públicos, los niveles de servicio, la competencia en el mercado y la rentabilidad.

Las acciones para mejorar una de estas variables más allá de un punto dado inevitablemente harán (al menos) una de las otras mucho peor.

Además, la gente no pagará las tarifas que cubrirían el verdadero costo de tener taxis limpios y relucientes con conductores bien entrenados y razonablemente pagados disponibles constantemente.

Aumentar las tarifas o limitar el servicio a zonas de alta demanda donde se podría maximizar la utilización del taxi destruiría la mayoría de los beneficios públicos críticos que crean los taxis.

Dados los problemas estructurales de rentabilidad, los operadores no regulados no cubrirían las protecciones de seguridad, los seguros.

La regulación también aseguró que los votantes y los contribuyentes controlaran efectivamente el servicio de taxi, al igual que eran dueños de la carretera urbana y los servicios de tránsito que también brindan importantes beneficios económicos.

Los reguladores responsables ante los votantes podrían establecer un compromiso aproximado entre los objetivos irreconciliables de maximizar los beneficios públicos, los niveles de servicio, la competencia y la rentabilidad.

Este compromiso aproximado mantuvo las tarifas (vagamente) al alcance de los ciudadanos de bajos y medianos ingresos.

Además, racionó la capacidad máxima por congestión y esperas más largas, como se hace con la vía rápida y la capacidad de tránsito de la hora punta.

La combinación de las regulaciones de tarifas y de entrada (aproximadamente) aseguró que los ingresos totales del mercado cubrieran los costos totales del mercado, incluido un salario digno para los conductores, y que las cargas de las redes de retorno vacías, así como las ventajas de la demanda máxima, se compartieron ampliamente.

El significado político de la estrategia antirreguladora de Uber