Brasil aprueba una Ley que regula Uber y Cabify
El texto pasa ahora a sanción presidencial y sentará un precedente en la región de América Latina sobre el marco legislativo que se le puede dar a este tipo de plataformas en varios países en donde han generado conflicto con los servicios de taxi.
En Brasil, la Cámara de Diputados aprobó el texto después de dos años de discusiones, acompañadas de protestas de los taxistas en las calles, lo que generó un intenso debate en la sociedad brasileña en donde había un vacío legal en cuanto al tema.
De acuerdo al documento, las alcaldías de los diferentes municipios tienen la “competencia exclusiva” para legislar.
Además de fiscalizar los servicios de transporte que sean solicitados a través de plataformas móviles, dentro de la normativa que está contemplada en el Código Nacional de Tránsito.
El documento estipula ciertas reglas para ejercer la actividad de conductor a través de estas aplicaciones, como -por ejemplo- que el vehículo debe cumplir las características exigidas por las autoridades, relacionadas con la antigüedad, así como una información adicional en su licencia de conducir que indique que ejerce esa labor remunerada.
Adicional, los gobiernos locales tendrán que encargarse de velar que los conductores paguen los impuestos necesarios y adquieran seguros especiales que amparen a los pasajeros que transporten, además de la exigencia de inscribirse al sistema de seguridad social brasileño.
«Será considerado ilegal el transporte remunerado privado individual que no siga los requisitos previstos en la futura ley y en la reglamentación municipal».
La Cámara Baja ratificó la decisión que había tomado previamente el Senado (Cámara Alta) y votó a favor de eliminar la exigencia que existía previamente de que estos vehículos que prestan este tipo de servicios, circulen con una matrícula de color rojo para identificarla fácilmente, así como la obligación de que el conductor inscrito en la aplicación sea necesariamente el propietario del automóvil que ofrece el servicio.
El proyecto queda ahora en manos del presidente de Brasil, Michel Temer, quien deberá darle su visto bueno y aprobarlo por sanción presidencial o sancionarlo con eventuales vetos que pueda considerar.
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